Chequia avanza hacia la legalización del cannabis con fines recreativos
Un grupo designado por el Gobierno prepara ya la ley con la que en Chequia se quiere regular la venta de cannabis a lo largo de 2023. Los defensores de la legalización ven en ello un avance contra el crimen organizado, mientras que los detractores señalan los riesgos para la salud pública, especialmente entre los jóvenes.
El debate en la sociedad está servido. En la República Checa el uso de cannabis con fines medicinales fue aprobado en 2013, adelantándose a la mayor parte de países. El año que viene podría convertirse en el segundo miembro de la Unión Europea en el que se regularía la venta de cannabis con fines recreativos. El primero, Malta, lo hizo apenas el año pasado.
Sobre el proyecto de ley que se está preparando habló para la Televisión Checa Jindřich Vobořil, coordinador nacional contra la droga.
“Habrá probablemente un límite de la cantidad que se pueda comprar al mes, una cantidad determinada que cada uno pueda cultivar en casa y asociaciones civiles en las que, por ejemplo, se pueda cultivar de forma comunitaria en un espacio de unos determinados metros cuadrados”.
Según la viceministra de Legislación y miembro del Consejo del Gobierno para la Coordinación de Políticas en el campo de las Adicciones Jana Michailidu, la ley no supondrá una legalización total.
“Desde luego no se trata de una legalización total, sino de una propuesta de acceso estrictamente regulado a una planta que ya es consumida por una alta proporción de nuestra sociedad. Queremos que estas personas tengan la posibilidad de conseguirla fuera del mercado negro sin, por ejemplo, apoyar el crimen organizado”.
Además de los ingresos extra que obtendría el Estado gracias a los impuestos a la venta, otro de los argumentos habitualmente esgrimidos a favor de la legalización es el ahorro de recursos que tendrá que destinar el país a la lucha contra el comercio ilegal.
Sin embargo, el director de la Central Nacional contra la Droga, Jakub Frydrych, sigue contemplando en la nueva propuesta de ley espacio para las organizaciones criminales. De hecho, considera que casi todos los casos en este sentido en los que actúan en la actualidad la Policía y los agentes de Aduanas, seguirán siendo igualmente ilegales tras la aprobación de la ley por tratarse de operaciones de grandes cantidades y, a menudo, destinadas a la venta en otros países. Por ello, no espera Frydrych una disminución notable en los gastos destinados a la lucha contra el comercio ilegal de marihuana, hachís o extractos concentrados.
No obstante, el director de la Central Nacional contra la Droga, que estuvo en su día entre los expertos del grupo de Gobierno que recomendaron la legalización del cannabis con fines medicinales, señala los riesgos que, en su opinión, supondría equiparar el cannabis con el alcohol o el tabaco.
“Entre los riesgos se encuentra, sin duda, la alta frecuencia de uso de un cannabis de gran potencia entre menores de edad. Se trata de un indicador en el que estamos entre los puestos más altos de Europa, aunque con el tiempo está descendiendo, pero seguimos por encima de la media del continente”.
En cuanto a los centros comunitarios de cultivo, tanto Frydrych como Michailidu coincidieron en que los modelos europeos probados hasta la fecha, en Países Bajos y España, no han funcionado como debieran. Michailidu en este aspecto señaló el modelo canadiense como el único que realmente recoge la complejidad de esta cuestión.
La propuesta de ley debería ser presentada al Gobierno para su aprobación en los primeros meses de 2023. Michailidu señaló las dificultades de las negociaciones aún con varios ministerios, incluidos los de Agricultura y Salud, pero espera haber logrado un acuerdo incluso ya para enero.
El director de la Central Nacional contra la Droga, sin embargo, no es tan optimista, y duda que sea posible cumplir el plazo -algunas veces mencionado con anterioridad- de finales de marzo.
