Bruselas critica alto número de menores en orfanatos checos

La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico critican a la República Checa por el alto número de niños en los orfanatos.

Los organismos checos protectores de menores de edad quitan los niños a sus padres con mayor frecuencia que en el resto de los países europeos, señala la OECD en informe anual. "Los problemas financieros o de vivienda no tienen que representar razón alguna para que los menores de edad sean quitados a sus padres y ubicados en un orfanato", sostiene la OECD.

Paradójicamente, los problemas financieros que enfrenta la familia son el motivo más frecuente que conduce a los órganos sociales checos a quitar los menores a sus padres. Los niños maltratados representan un tres por ciento del número total de los menores ubicados en los establecimientos sociales para menores.

En reacción a las críticas, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Necas, declaró que está trabajando intensamente en el cambio del sistema. Pretende imponer que la adopción o el cuidado familiar sustitutivo se aplique con mayor frecuencia.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Necas

Según Necas, el orfanato debe ser concebido por los tribunales como la última posibilidad. "Primero hay que probar otros métodos que son más aceptables para la psíquica infantil y también para las arcas estatales", señaló el ministro. Según datos del Ministerio de Finanzas, el Estado checo gasta anualmente 10 mil millones de coronas, es decir, unos 25 millones de euros por la educación y el cuidado de los niños en los establecimientos sociales.

"Se trata de una considerable suma", señaló el ministro destacando que más ventajoso para el Estado checo sería pagar subsidios familiares a las familias con niños adoptados.

Sin embargo, es necesario que los tribunales no apliquen las leyes vigentes con tanta rigurosidad. "Muchos problemas financieros o de vivienda se pueden solucionar en cooperación con los órganos sociales", afirmó el ministro.

Los expertos en la problemática infantil coinciden en que llegó la hora de cambiar el sistema anticuado que posibilita "confiscar" a un niño en caso de que, por ejemplo, la familia no pague la electricidad o se traslade con demasiada frecuencia de una vivienda a otra, o viva de manera alternativa.