Los municipios tendrán más armas para restringir los casinos
El Ministerio de Finanzas prepara una enmienda de ley que permitirá a los municipios regular más ampliamente los juegos de azar, de forma que puedan impedir la apertura de nuevos casinos.
Los pequeños casinos conocidos en checo como ‘herna’ actúan en la República Checa como una especie de indicador de pobreza: cuántos mayores problemas de marginación, inseguridad y desempleo hay en un barrio, mayor es el número de casinos.
Provistos de todo tipo de juegos de azar, con una atractiva oferta de alcohol a bajo precio y abiertos hasta la madrugada, no es extraño que los ayuntamientos los tengan desde hace tiempo en su punto de mira. La propuesta que prepara el Gobierno responde a esta demanda. Hasta ahora los municipios tenían poder sobre la concesión de licencias para las máquinas tragamonedas, ahora podrían ampliar considerablemente sus competencias, según el ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek.
Por su parte, la Asociación de Corredores de Apuestas Monetarias, se muestra de acuerdo con esta mayor regulación, pero advierte que en la enmienda faltan herramientas para luchar contra los juegos de azar ilegales. Se trata de un problema grave, según su presidente, Marek Herman.
“Se trata de empresas que operan desde el extranjero y no tienen licencia, no pagan ninguna contribución y el dinero termina Dios sabe dónde. Para nosotros es competencia desleal, nos quitan mercado. Otra cosa es que estamos de acuerdo en darles más poder a los ayuntamientos, pero habría que estandarizar los decretos. La ley tiene que decir en qué condiciones pueden los municipios permitir o prohibir los juegos de azar”.
Los propietarios de casino también reclaman una posición más fuerte, de arbitraje, del Gobierno entre municipios, casinos y consumidores.
Para el año que viene, Kalousek quiere crear una nueva ley de loterías que aporte mayor transparencia a todo el sector, como reclama la Unión de Municipios. Otro punto conflictivo es la duración de las licencias ya concedidas. Actualmente es de diez años, un periodo demasiado largo para los ayuntamientos, que piden que sea de tres.
