La crisis en torno a los alquileres continúa

Prag - Vinohrady

La crisis en torno a los alquileres continúa en la República Checa. Los arrendadores de vivienda anunciaron que presentarían una querella judicial contra el Estado, solicitando la indemnización por los daños que les causa la diferencia entre el alquiler regulado y el alquiler de mercado.

Los dueños de las casas de apartamentos reaccionan con ello a la decisión del Gobierno checo que a finales del año pasado congeló por tres meses el alza de los alquileres.

"Si todos los 25 mil arrendadores pidieran la indemnización solamente por el año pasado, sus ganancias perdidas podrían estimarse en siete mil quinientos millones de coronas, unos 242 millones de euros", destaca Petr Dolezal, de la Asociación de Propietarios de Casas.

Robert Axamit, vicepresidente de dicha Asociación, señala que en el país hay un número suficiente de apartamentos y que la crisis respecto a la vivienda es provocada por la regulación de los alquileres.

"La solución a esta crisis es fácil: retomar el modelo vigente en la Unión Europea donde existe solamente un mercado de vivienda, un precio por el alquiler y un subsidio estatal a las familias con escasos recursos financieros. La regulación de los alquileres es la causa principal de un amplio mercado negro de la vivienda en la República Checa".

Esto lo rechaza rotundamente Stanislav Krecek, de la Asociación de Inquilinos.

"En este país, los alquileres son simplemente altos, la gente no tiene la posibilidad de escoger viviendas según sus ingresos. Opinamos que los gastos en la vivienda deberían ser tales que la familia sea capaz de pagarlos. La vivienda es un derecho social que el Estado debe garantizar. Por ello la regulación es necesaria".

Los arrendadores advierten, no obstante, que el monto del alquiler lo debería estipular el mercado y no el Estado o el propietario. Se quejan, además, de que el alquiler regulado no cubre ni siquiera los costes de mantenimiento del inmueble.

De las 950 mil viviendas de alquiler, unas noventa mil son alquiladas en el mercado negro según precios no regulados y, naturalmente, no sujetos a impuestos, con lo que el Estado pierde anualmente casi seis mil millones de coronas, dos millones de euros.