La Agencia para la Inclusión Social paraliza su huelga por una mayor autonomía
Los 59 empleados de la Agencia para la Inclusión Social que estaban desde este lunes en huelga han interrumpido la protesta a la espera de negociar su situación directamente con el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka. El objetivo de los huelguistas es una mayor autonomía respecto al Gobierno, lo que debería garantizar, entre otras cosas, la continuidad del personal.
Los trabajadores, que formaron un nuevo sindicato específicamente para este propósito, reclaman una mejora del estatus de la institución. En concreto mayor transparencia en sus cuentas, la continuidad de su personal y la máxima independencia respecto al Gobierno. Ahora el primer ministro, Bohuslav Sobotka, ha accedido a negociar y escuchar directamente sus quejas el próximo 19 de mayo, lo que ha hecho que la huelga se suspendiera provisionalmente apenas un día y medio después de ponerse en marcha.
El conflicto comenzó cuando el Ministro de Derechos Humanos, Jiří Dienstbier, bajo cuya cartera recae la Agencia, decidió despedir al director de esta, Martin Šimáček, señala la miembro del consejo de huelga Lucie Macků.
“La continuidad se ve muy amenazada, porque los motivos que adujo el ministro Dienstbier para despedir al director Šimáček los percibimos como políticos. Así que tememos la politización de la Agencia y de nuestras actividades. Por eso vemos necesario que la Agencia se sitúe por encima de la cartera de Derechos Humanos, y no tenga que subordinarse a intereses políticos, por decirlo así”.
La mayor independencia contribuiría además, según los huelguistas, a un mejor funcionamiento de la Agencia, que podría firmar acuerdos con los municipios y con otras instituciones de forma independiente, sin tener que delegar en el Ministerio.
El ministro Jiří Dienstbier, por su parte, considera que no hay nada que negociar.
“Autonomía e independencia son términos muy generales que no puedo precisar sin debate, no son peticiones concretas. Desde el uno de julio entrará en vigor la ley de Servicio Civil, y la Agencia es en realidad un departamento de la Oficina del Gobierno, con lo que se le aplicará esta ley, y con ella los derechos y obligaciones de cualquier empleado de la Oficina. Así que no hay espacio para el debate sobre qué tipo de independencia quieren tener. No hay discusión posible”.
La Agencia para la Inclusión Social fue fundada en 2008 y su objetivo es la lucha contra la marginación, especialmente de la etnia gitana, a través de la coordinación de ayuntamientos, oficinas de empleo, policía, escuelas, asociaciones civiles y otras instituciones.
En la actualidad funciona en 36 municipios y cuenta con un presupuesto anual de alrededor de 750.000 euros. La financiación proviene en parte del presupuesto del Gobierno y en parte de subvenciones de Bruselas y de los llamados fondos noruegos. De hecho, un reciente proyecto que aprovecharía 370 millones de euros de los fondos europeos podría estar en peligro si el funcionamiento de la Agencia se estancara.
Las protestas de la Agencia para la Inclusión Social han recibido el apoyo de 350 firmas de miembros de las Organizaciones No Gubernamentales con las que colabora.
