El Gobierno checo declara la "guerra" a los pedófilos

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Hasta a tres años de prisión podría ser condenado en la República Checa un ciudadano que baje de Internet pornografía infantil. Así lo supone la nueva concepción gubernamental de lucha contra el acoso sexual de niños, aprobada este miércoles por el Gobierno checo.

La alegría y los juegos es todo lo que debería acompañar a la infancia de cada ser humano. Pero no todos los niños viven rodeados de amor. Muchos niños son maltratados física y psíquicamente y algunos, incluso, son acosados sexualmente.

El año pasado, la Policía de la República Checa investigó más de 800 casos de acoso sexual a niños. A estas prácticas sexuales fueron obligados los niños bajo amenazas de maltrato físico, o les fue prometida una recompensa financiera. Otros 69 niños fueron violados.

La concepción de lucha contra el acoso sexual de niños, aprobada este miércoles por el Gobierno checo, implica entre otras cuestiones, crear una sección penitenciaria especial para pedófilos con asistencia psiquiátrica, acrecentar antes del año 2006 el personal de la sección policial que monitorea la pornografía infantil en Internet y promover una amplia campaña preventiva sobre el acoso sexual infantil en las escuelas del país, en estrecha cooperación con diferentes instituciones humanitarias. El documento propone igualmente aseverar las penas a quienes propaguen pornografía infantil por Internet.

La fundación 'Nuestros hijos'
La directora de la fundación humanitaria "Nuestros hijos", Zuzana Baudysová, confía en una futura cooperación más estrecha con los órganos oficiales.

"Considero que esta cooperación es muy importante. Nosotros estamos en estrecho contacto con niños que se enfrentan a diferentes problemas, muchos fueron víctimas de acoso sexual. Creo que podemos ayudar considerablemente a combatir la pornografía infantil y a revelar los casos de acoso sexual a niños", dijo Baudysová.

También la "guerra" declarada por el Gobierno a los autores y "usuarios" de pornografía infantil en Internet, cuenta con amplio apoyo desde diferentes organizaciones públicas y cívicas del país. Estas confían en que la amenaza de penas mucho más severas hará disminuir el número de autores y "usuarios" de estos servicios.