Caen las primeras condenas por el caso de corrupción Opencard
El caso de corrupción Opencard ha dado lugar a los primeros condenados. Se trata de cinco funcionarios del Ayuntamiento de Praga responsables por la concesión del concurso público para las tarjetas Opencard a una empresa que no reunía las condiciones necesarias.
El principal condenado es Ivan Sejček, antiguo director del departamento de informática, que deberá cumplir tres años de prisión condicional y pagar una indemnización de 75.000 euros. De acuerdo con la sentencia, Sejček firmó el acuerdo con la empresa Haguess sabiendo que no cumplía los criterios mínimos y que el precio ofrecido era desorbitado.
Sejček por su parte anunció que recurrirá la sentencia.
“El juez lo único que ha hecho ha sido leer las acusaciones, que fueron escritas hace medio año, y tengo la impresión de que ni siquiera ha mirado las pruebas que hemos aportado. Por eso vamos a recurrir la sentencia”, declaró.
Otro de los funcionarios implicados, Jiří Chytil, fue sentenciado a dos años de prisión condicional y una indemnización de 11.000 euros, a pesar que desde el principio colaboró con la Policía y ayudó a sacar a la luz todo el caso. El resto de los acusados: Zdeněk Jánský, Miroslav Čadský y Ladislav Kendík, todos miembros de la comisión que valoró la licitación, fueron acusados de negligencia en el ejercicio de sus funciones y condenados a un año de prisión condicional.Se trata sin embargo de peces pequeños. Ni un político se ha sentado en el banquillo en relación con la licitación fraudulenta que se dio detrás de la Opencard. De acuerdo con el actual alcalde de Praga, Tomáš Hudeček, la responsabilidad del proyecto es de sus arquitectos, es decir, del Consistorio municipal de aquella época, dirigido por Pavel Bém, al que Hudeček acusa de participar en una gran trama de corrupción.
Paradójicamente, si el caso de las Opencard mancha a algún político será precisamente a Tomáš Hudeček, y también a su antecesor, Bohuslav Svoboda, junto a ocho concejales de ambas formaciones. El fiscal considera que ambos mandatarios aprobaron en su momento, sin concurso público, la continuidad de la empresa Haguess en la gestión de las tarjetas Opencard. Svoboda se defiende apuntando que el número de usuarios de la Opencard llegaba a los 800.000 y que habría sido un desastre cancelar el proyecto.El Ayuntamiento de Praga firmó de esta manera una colaboración con Haguess sobrevalorada en un millón de euros, según la Fiscalía. La Policía contra el Crimen Organizado ha anunciado que presentará formalmente los cargos dentro de dos semanas.