Renuncian más de 50 expertos del Consejo de Derechos Humanos del Gobierno checo
La agenda de derechos humanos, minorías étnicas, salud mental o drogadicción funciona desde este miércoles repartida entre distintos ministerios y no como adjunta al Gobierno. A raíz de este cambio, más de 50 expertos renunciaron a sus cargos.
La Oficina del Gobierno checo concluyó este miércoles el traslado de las agendas de derechos humanos, política antidroga, salud mental y minorías étnicas, que ahora dependen de diferentes ministerios, mientras que hasta ahora estaban bajo la competencia de los respectivos consejos de derechos humanos del Ejecutivo. El gabinete decidió este cambio a mediados de mayo.
Un total de 53 expertos en derechos humanos que integraban estos consejos adjuntos al gobierno renunciaron de forma colectiva para manifestar su desacuerdo con el traspaso de competencias. Afirman que ya no pueden ejercer de manera responsable sus cargos y que la medida debilita la protección de los más vulnerables en Chequia. Critican también que el gobierno no haya consultado con anterioridad con ellos los cambios ni haya sometido a debate las propuestas.
De acuerdo con Monika Šimůnková, excomisionada de Derechos Humanos, el gobierno liquidó con ese paso no sólo la supradepartamentalidad, sino también la independencia en el tratamiento de cuestiones de derechos humanos.
“El diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno que se llevaba en la plataforma de los órganos consultivos del Ejecutivo, sufre ahora una gran brecha. Personalmente y, en vista de que esos cambios son irreversibles, y que vi de qué manera se realizaban los traslados, realmente desconfío en que el sistema funcione como lo había hecho hasta ahora”.
Bruselas también advirtió ante los eventuales impactos negativos de los cambios. En la Unión Europea temen que las diferentes agendas puedan debilitarse, y que se podría estar amenazado el aprovechamiento de diversas subvenciones para esos sectores. Expertos comunitarios demandan que Chequia reevalúe el traslado de agendas.
No obstante, representantes del Gobierno checo siguen insistiendo en que el cambio será positivo y conducirá a un mejor funcionamiento, como dijo el ministro de Justicia, Jeroným Tejc.
“Mi tarea consiste, entre otras cosas, en convencer en mi comunicación al eurocomisario McGrath que la República Checa es un Estado democrático desarrollado y de derecho, que naturalmente respeta los derechos humanos y que disponemos de un sinnúmero de mecanismos de monitoreo y control. O sea, que no veo motivo alguno para que alguien se preocupe por el empeoramiento de la situación”.
La experta en derechos humanos Monika Šimůnková, no comparte en absoluto la postura del Gobierno. Afirma que es un paso atrás.
“Sé muy bien lo difícil que fue conservar esos consejos y comisiones bajo la administración de la Oficina del Gobierno, justamente para que esos órganos sean independientes. Y tanto yo como mis otros colegas expertos en la problemática, no podemos seguir cumpliendo nuestras tareas y ver cómo todo por lo que hemos estado peleando y hemos logrado construir a lo largo de los pasados 30 años, es totalmente liquidado ahora”.
La oposición tampoco está de acuerdo con el traslado de las competencias. El partido Alcaldes e Independientes (STAN), por ejemplo, anunció que de entrar en el gobierno, revertiría la situación, y las cuestiones tocantes a los derechos humanos quedarían ancladas a la Oficina del Gobierno por medio de una ley de competencias. De acuerdo con Šimůnková, esa es la única manera de cómo salvar en el futuro tal agenda.
