Presidente checo Miloš Zeman no otorgará indultos
El presidente de la República, Miloš Zeman, no otorgará indultos, según dicta la tradición checa. El mandatario anunció que a partir de ahora el Ministerio de Justicia será el responsable de otorgar perdones.
El fin de semana Zeman informó que pasaba la responsabilidad de los indultos a la cartera de Justicia.
Zeman terminó así con una tradición arraigada en el país desde la monarquía de los Habsburgo y mantenida por el primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk y aplicada también por Václav Havel y Václav Klaus.
La decisión presidencial no ha topado con el apoyo de los círculos políticos. El antiguo ministro de Justicia, Jiří Pospišíl, considera que se puede llegar a la violación de la ley.
“En caso de que el Ministerio de Justicia, directamente el ministro o funcionarios de la cartera sean los que decidan sobre los indultos, creo que se trataría una violación de la Constitución de la República”.A pesar de criticar el indulto y calificarlo de elemento monárquico, el líder comunista Vojtěch Filip, declaró que preferiría que las cosas se mantuvieran como estaban.
Todo parece indicar que Zeman trata de evitar críticas similares a las recibidas por los presidentes Havel y Klaus, a los que la opinión pública responsabilizó de otorgar perdones judiciales a personas de su entorno.
El mandatario Zeman otorgará indultos de manera excepcional, siempre y cuando se trate de personas gravemente enfermas o por razones humanitarias, indicaron fuentes presidenciales.
Durante su presidencia, Václav Havel otorgó 1948 perdones judiciales, mientras que Václav Klaus solo 438. No obstante, al final de su segundo y último periodo presidencial Klaus declaró una amnistía parcial que provocó gran malestar en la población.La medida de gracia de Klaus favoreció al principio a 6.500 presos, pero al final se beneficiaron unas 50.000 personas que vieron terminados los procesos en su contra y muchos no tuvieron que pagar multas.
Lo más criticado fue, sin embargo, la anulación de unos 3.000 casos de delitos financieros graves, que dejaron en libertad a los sospechosos de grandes escándalos de corrupción.