Los checos deben cientos de millones de euros en pensiones alimenticias
El Gobierno checo prepara una nueva normativa que quiere ayudar a los padres divorciados cuya ex pareja no paga la pensión alimenticia a sus hijos. El Estado quiere asumir en el futuro la responsabilidad de pagar un adelanto de la pensión alimenticia a los menores, y esa suma demandarla posteriormente del deudor.
Por otro lado, en comparación con el año 2012, la deuda global por las pensiones alimenticias se redujo en un 20%. Esto se debió a la aplicación de una sanción a los padres que no pagan, en forma de la retención de su licencia de conducir por parte de la Policía mientras no cubran la deuda con sus hijos.
La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Michaela Marksová, considera que, además de las sanciones, el Estado debería ayudar también de otra manera al padre que cuida de los hijos.
“El Estado debería ayudar a los niños que se enfrentan a una complicada situación. La falta de recursos financieros porque uno de los padres no cumple su obligación de manutención, causa serios problemas a muchas familias con hijos, donde los padres están separados. Nos hemos inspirado en otros países europeos y queremos aplicar el sistema de pagos adelantados de la pensión alimenticia por los hijos, que el Estado cobrará posteriormente al padre deudor”.Este sistema funciona con éxito en 19 países europeos y la ministra confía que encontrará un amplio respaldo también en la República Checa, y más cuando el número de padres deudores se va incrementando.
La obligación del pago de la pensión alimenticia por hijo no la cumplen mayormente los hombres, aunque aumenta igualmente el número de mujeres deudoras. El año pasado la Policía investigó a más de 11.000 hombres y unas 1.400 mujeres por no pagar esta pensión.La elaboración del proyecto de una nueva normativa relativa al pago de los alimentos por parte del Estado cuenta con el apoyo de todos los partidos de la coalición de Gobierno. La ministra Marksová prevé presentar el borrador respectivo a la Cámara Baja a finales de este año. En caso de no presentarse complicaciones en el proceso de su aprobación, la directiva podría entrar en vigor a partir del primero de enero de 2016.