¿Reducir o no el límite de la imputabilidad penal?
La agresividad entre los menores de edad es cada vez más frecuente en la República Checa. Recientemente han sido registrados varios casos de homicidio, perpetrados por niños menores de 15 años. No obstante, los políticos no son unánimes en cuanto a la eventual reducción del límite de la imputabilidad penal.
Hace un mes, un muchacho de doce años que había huido de un reformatorio, asesinó a una señora de 81 años. La semana pasada, la Policía checa acusó a un niño de catorce años de haber asesinado a una escolar de 13 años. Debido a que estos homicidas son menores de edad y el límite de la imputabilidad penal en la República Checa es de 15 años, no pueden ser condenados a prisión. El mayor castigo que pende sobre ellos es ser enviados a un reformatorio o a una clínica psiquiátrica.
Esta creciente agresividad de los niños checos ha provocado en el país una amplia discusión sobre la posibilidad de reducir el límite de la imputabilidad penal. El ministro de Justicia, Pavel Nemec, considera que el límite podría ser de 14 años y, en casos especiales, de 12 años de edad.
La postura en el país frente al tema no es unánime. Unos apoyan la idea de reducir el límite de la imputabilidad penal, otros la rechazan, como la ministra de Educación, Petra Buzková, quien considera que "un establecimiento penitenciario no es el lugar más adecuado para que se logre mejorar la conducta de un menor de edad".
El presidente de la Policía checa, Jirí Kolár, así como el líder del oposicionista Partido Cívico Democrático checo, Mirek Topolánek, insisten, por su parte, en la importancia de una mayor prevención.
"La reducción del límite de la imputabilidad penal no hará desaparecer la creciente agresividad de los niños checos. Hay que hallar las causas de esa agresividad", sostiene Mirek Topolánek.
Los que se oponen a la vía penal señalan que este problema depende mucho de la educación en la familia. Si esto falla, es necesario que intervengan las escuelas, especialistas en psicología infantil e instituciones estatales que pueden asumir la responsabilidad por el niño. "Enviar a los menores de edad a establecimientos penitenciarios es la peor solución", afirman.
