La Comisión Europea lleva a juicio a Chequia por los aviones españoles CASA
La República Checa vulneró la Ley de la Competencia Económica de la Unión Europea al adquirir cuatro aviones militares de la empresa española CASA. Así ha resuelto la Comisión Europea por lo que llevará a Chequia ante el Tribunal de Justicia de los Veintisiete en Luxemburgo.
El veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo podría resultar en una multa y una compensación o incluso en la devolución de los aviones.
El ministro de Defensa, Alexandr Vondra, del Partido Cívico Democrático, y su Ministerio no harán declaraciones hasta que no estudien el caso, según anunciaron. Por el contrario, el primer ministro Petr Nečas, desde Bruselas defendió la gestión del Ministerio de Defensa en esta operación.“En primer lugar debemos esperar a que recibamos por escrito la decisión de la Comisión Europea, que tardará unos dos meses. En todo caso, la posición del Ministerio de Defensa es que hicimos un correcto uso de una excepción de la directiva europea en vigor”.
La excepción a la que se refiere Nečas, sin embargo, habla de que se puede saltar ese paso si está en juego la seguridad nacional, lo que la Comisión Europea no considera.
Desde el mismo inicio de esta operación surgieron las críticas por lo elevado del precio pagado por los CASA y por la falta de transparencia en el proceso. La intermediación de la empresa Omnipol también está envuelta de incógnitas. Omnipol compró a la empresa española los aviones y posteriormente los vendió al Estado checo, y no se sabe que margen de ganancias retuvo por la operación ni por los posteriores tres años de servicio, mantenimiento y funcionamiento de los aparatos.Mientras la compañía reconoce un cuatro por ciento, informaciones aparecidas en el diario Hospodářské Noviny hablan de un ocho y medio por ciento a la vista del contrato. La revista Respekt, por su parte, fue más lejos calculando que los ingresos podían encontrarse en realidad alrededor de los cuarenta millones de euros, lo que supone un margen superior al 20 por ciento.
Todo sería distinto simplemente si fuera el propio Ministerio de Defensa el que realizara directamente las operaciones, dicen muchas voces. En ese sentido, el primer ministro, Petr Nečas, prometió recientemente acabar con una ley de hace 16 años, por la que todos los encargos de compra de material militar tienen que ser gestionados por Omnipol.
En los últimos años se han repetido varios casos en los que se demostró que el Ministerio de Defensa había pagado más por un encargo de lo que valía en realidad. Así sucedió, por ejemplo con los vehículos armados de Iveco, los Dingo o los Pandur.