Gobierno checo aprueba un plan anticrisis de 2.500 millones de euros

El Gabinete de Mirek Topolánek dio su visto bueno a un plan económico encaminado a frenar el crecimiento del desempleo y estabilizar las finanzas públicas. La oposición y los sindicatos lo consideran tardío e insuficiente.

Ilustrační foto: Archiv Radia Praha
El paquete de medidas, elaborado por el Consejo Económico Nacional en cooperación con el Ministerio de Finanzas, busca ayudar, ante todo, al sector empresarial.

Propone, por ejemplo, suspender los adelantos del impuesto sobre la renta, acortar los plazos para poner fuera de servicio los vehículos y computadoras antiguas, así como reducir los pagos a la Seguridad Social, recalcó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Nečas.

“Según calculan los expertos, con sólo reducir los pagos a la Seguridad Social podríamos salvar entre 50 y 70 mil puestos laborales”, señaló Nečas.

El proyecto es criticado por los representantes del opositor Partido Socialdemócrata, quienes sostienen que viene demasiado tarde. Además, le reprochan falta de medidas sociales que favorezcan a los hogares.

También la Confederación Checo-Morava de Uniones Sindicales considera el plan anticrisis poco efectivo, afirmó su presidente, Milan Štěch.

Milan Štěch
“El dinero se quedará en las empresas sin crear puestos de trabajo ni tampoco nuevas oportunidades comerciales. El Estado debería optar más bien por inversiones en infraestructuras para estimular la economía”, indicó Štěch.

Las medidas anticrisis supondrán gastos millonarios para el Estado. Según los economistas, alcanzarán el 1,9 por ciento del Producto Interno Bruto, correspondiente a 2.500 millones de euros, aproximadamente.

Es casi seguro que el déficit de la economía checa de este año superará el límite del tres por ciento del PIB, establecido en los acuerdos de Maastricht como una de las condiciones para la adopción del euro.

El primer ministro, Mirek Topolánek, afirmó que el Gobierno adoptará la mayoría de las medidas en las próximas semanas. Aquellas que requieran cambios legislativos serán debatidas en la Cámara Baja en marzo.