Cientos de mujeres checas sometidas a esterilizaciones forzosas pueden ser ya indemnizadas
Ya desde la década de los sesenta, cientos de mujeres fueron sometidas a esterilizaciones forzosas en la República Checa. Estas, gitanas en su mayoría, tienen ahora la posibilidad de solicitar una compensación económica por estos hechos.
A partir de este mes de enero cientos de mujeres checas víctimas de esterilizaciones forzosas tendrán la posibilidad de reclamar una indemnización. Las víctimas, cuyo número exacto se desconoce y en su mayoría son mujeres romaníes, fueron esterilizadas sin su consentimiento informado o bajo todo tipo de coacciones.
La compensación consistirá un pago único de una cifra que rondará los 12 000 euros y llega tras varios años de lucha y feroz activismo por parte de las propias víctimas, que ven finalmente recompensado su esfuerzo.
La compensación consistirá un pago único de una cifra que rondará los 12 000 euros y llega tras varios años de lucha y feroz activismo por parte de las propias víctimas, que ven finalmente recompensado su esfuerzo.
Elena Gorolová fue una de ellas. También romaní, fue esterilizada en 1990, después de dar a luz a su segundo hijo a los 21 años. Ahora, celebra una victoria que, si bien no compensa en absoluto todo el daño causado, sí hace justicia a las víctimas y a su memoria.
“Las mujeres también serán compensadas por haber firmado. Bajo la presión de los trabajadores sociales, lo que les dijeron fue que daban consentimiento para un anticonceptivo temporal. Les dijeron a las mujeres que aún podían quedar embarazadas y, al mismo tiempo, les ofrecieron dinero para comida o una lavadora nueva. Las mujeres se hicieron el procedimiento con confianza en los médicos, quienes les dijeron que podían tener más hijos. No fue hasta más tarde que se enteraron de que el procedimiento era irreversible. Estas mujeres tendrán derecho a una indemnización si tienen documentación de que fueron esterilizadas”.
La terrible experiencia que atravesó Gorolová, al igual que tantas otras mujeres, la impulsó a implicarse en esta turbia realidad para visibilizarla y combatirla. Tanto es así que en 2005 se unió a la organización Life Together, comenzando a trabajar para ella formalmente. Esta sirvió de plataforma y altavoz para la las víctimas, exigiendo una disculpa por parte del estado checo así como algún tipo de compensación. El paso del tiempo y su buena labor la llevaron a ejercer como portavoz del grupo e, incluso, a testificar en una reunión del Consejo de Europa en Estrasburgo.
Su propia experiencia personal, unida a su trabajo en la organización, la hacen conocer a la perfección una realidad y unas prácticas que vinieron realizándose en el país desde ya la década de los sesenta. Según ella, algunas consistían en presionar a las víctimas para que firmasen dando así su consentimiento mientras aún se encontraban de parto o poco después de practicarles una cesárea o incluso en amenazarlas con recortar sus beneficios sociales o ingresar a sus hijos mayores en instituciones estatales si no firmaban.
Si bien no existen cifras exactas acerca del número de víctimas, Gorolová estima que existirían entre 300 y 500 cuyas reclamaciones podrían prosperar. En otros casos, el paso de los años y la falta o precariedad de los registros hace que todo se complique.
Si bien no existen cifras exactas acerca del número de víctimas, Gorolová estima que existirían entre 300 y 500 cuyas reclamaciones podrían prosperar. En otros casos, el paso de los años y la falta o precariedad de los registros hace que todo se complique.
“Será difícil para los casos más antiguos. En algunos hospitales, los registros se guardan y archivan durante 40 años, pero en otros solo durante 10 años. Muchos tendrán problemas para rastrear sus registros y les preocupa que no sean compensados. Una comisión investigará cada caso individualmente. Todavía no sabemos cómo funcionará la comisión y quiénes estarán en ella, si serán profesionales médicos o abogados. Pero las mujeres deben recibir una compensación porque no entendieron lo que estaba pasando”.
Esta medida abre una nueva vía de actuación para las víctimas de esterilizaciones ilegales, que hasta el momento disponían de un margen de acción muy limitado para solicitar reparaciones debido a los estatutos de prescripción y la dificultad de entablar demandas privadas.
Con la entrada de enero y este nuevo año estas mujeres podrán dirigirse al Ministerio de Salud para solicitar las indemnizaciones que les correspondan. Se estima que, en conjunto, el gobierno checo se enfrentaría en este caso a reclamaciones por un monto total de casi 5 millones de euros.
