Alianzas estratégicas, desencuentros forzados y reivindicaciones legalizadoras
Comenzamos el programa de hoy con una noticia internacional. Esta semana ha tenido lugar la XIV reunión ministerial de la Unión Europea y el Grupo de Río. Los ministros de RR.EE. de los Veintisiete y de América Latina debatieron sobre la energía, el cambio climático y la crisis económica. Además emitieron una declaración común referente a la nueva gripe.
Lo más destacado de la cumbre fue el acuerdo para colaborar en la redacción de un nuevo documento, que sustituya al tratado de Kioto, donde se establecerán las prioridades para la lucha contra los gases de efecto invernadero.
La polémica ha surgido a partir de la aprobación por parte del Senado del Tratado de Lisboa y la reiterada negativa del presidente a rubricarlo.
Václav Klaus criticó duramente la semana pasada el resultado de la votación que aceptó el Tratado de Lisboa, que calificó de error. El mandatario checo tildó de cobardes a los parlamentarios, lo que provocó la indignación del presidente del senado, Přemysl Sobotka, quien defendió la soberanía del Senado.
“El ataque a la votación de los senadores cuestiona la soberanía de la Cámara Alta, pilar de la democracia parlamentaria. Václav Klaus, con sus declaraciones, también cuestiona indirectamente la decisión del Senado que le eligió como Jefe de Estado en 2008”.
Přemysl Sobotka también recordó en sus declaraciones que fue Václav Klaus quien solicitó como primer ministro en 1996 la entrada de la República Checa en la Unión Europea, de la que el país es miembro voluntario. Por lo que, considera Sobotka, es un deber reaccionar contra actitudes negativas al proceso de integración europeo.
“La gente del entorno del Presidente Václav Klaus cuestionó también la presidencia checa de la UE y mina la confianza de nuestros socios europeos. Tras la caída del Gobierno durante la presidencia checa de la UE, tenemos que esforzarnos por conseguir estabilidad y competitividad en Europa, y no aislarnos con semejantes reacciones inopinadas”.
Václav Klaus considera “muerto” el Tratado de Lisboa mientras Irlanda siga siendo contraria a él. Los parlamentarios, por su parte, se plantean acudir al Tribunal Constitucional para que el Presidente firme finalmente lo que el Senado decidió en votación.
Todo empezó hace 17 años cuando la Iglesia reclamó al Estado la propiedad de la Catedral de San Vito. Este martes, la Iglesia ha dado un paso más presentando una nueva demanda en la que argumenta que fue violado su derecho a un proceso justo.
El Tribunal Supremo rechazó en marzo las apelaciones de la Iglesia, confirmando las sentencias anteriores de que la Catedral de San Vito pertenece “a todo el pueblo checo”. El Cabildo Metropolitano de San Vito, encabezado por el cardenal Miloslav Vlk, pone el veredicto en duda cuestionando la neutralidad del juez principal que antes del año 1989 era miembro del Partido Comunista. Fue durante el régimen comunista cuando la iglesia fue expropiada por el Estado.
Según el cardenal Vlk, el motivo de la queja constitucional es hacer justicia. “La gente no pregunta a quién pertenece la catedral ni quién está inscrito como propietario en el registro catastral, sino para qué la necesitan. Esta frase expresa que el concepto del derecho del país está deteriorado. Se trata de la justicia. Materialmente no nos aporta nada. Luchamos por nuestra causa, que se refiere a todos”.
El cardenal Miloslav Vlk apunta que la nacionalización de la Catedral en los años 50 no respetó la legislación comunista vigente. La inscripción del Estado checoslovaco como propietario en el registro catastral no se efectuó en base a una ley, sino a la decisión de un funcionario del departamento de construcciones de Praga.
El asunto era reivindicar la legalización de la marihuana en coordinación con 263 ciudades del mundo, en un movimiento conocido como Million Marihuana March.
Como es habitual en estas cuestiones, el debate se produce a dos bandas, sigue abierto y seguro que volverá a dar que hablar.
Según los organizadores, la asociación Legalizace.cz, si se permitiera la tenencia de plantas para consumo propio y se legalizara la venta de la sustancia en establecimientos especializados, se acabaría con el tráfico ilegal de cannabis, con todo lo que ello conlleva.
Además el Estado podría gravar las ventas con impuestos y se podría utilizar la marihuana para fines científicos y terapéuticos. Sería una situación parecida al estatus del que disfruta el cannabis en países como Suiza o Países Bajos.
Por otro lado, los defensores de la situación ilegal de la marihuana temen que de aflojarse la prohibición su consumo se extienda entre los menores de edad.
