2000 millones de euros no alcanzan para modernizar la burocracia checa
La República Checa invirtió más de 2000 millones de euros para modernizar su administración, pero a día de hoy solo el 18% de los servicios públicos son plenamente digitales. Así lo afirma un informe de la Oficina Superior de Auditoría que denuncia además una digitalización superficial, mala gestión y objetivos incumplidos.
La digitalización es un fenómeno que ha afectado irremediablemente a casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana en los últimos años: desde las relaciones sociales hasta las finanzas o el ocio. El fenómeno también ha alcanzado a Estados y sus administraciones que, de hecho, veían en la tecnología y la digitalización una gran respuesta para algunos problemas estructurales de larga data.
Trámites más ágiles, menos burocracia y una relación más directa con el ciudadano eran algunas de las grandes promesas de esta transformación, pero lo cierto es que en más de un caso estas parecen lejos de cumplirse.
Un ejemplo fallido es el de la ambiciosa promesa de una administración pública plenamente digital en la República Checa. Y es que entre 2020 y 2024, el Estado destinó más de 2000 millones de euros a la digitalización de sus servicios, pero el resultado final dista mucho de los objetivos marcados: apenas el 18% de los servicios estatales están hoy completamente digitalizados.
Así lo revela un informe resumido publicado este jueves por la Oficina Superior de Auditoría (OSA), basado en más de cincuenta auditorías realizadas durante los últimos cinco años. Según la legislación vigente, la Ley del Derecho a los Servicios Digitales, desde febrero pasado los ciudadanos debían poder comunicarse con el Estado de forma íntegramente digital. Sin embargo, de los 8916 servicios públicos que se preveía digitalizar mediante portales de autoservicio, tan solo 1621 cumplen realmente con los requisitos legales.
Además, el estudio pone el foco en una definición “distorsionada” de lo que la administración considera un "servicio digital". Para el Estado, basta con haber digitalizado una sola acción dentro de un procedimiento que puede incluir decenas de pasos. En la práctica, explica el informe, la mayoría de los servicios se limitan a formularios electrónicos que el ciudadano rellena y envía para iniciar el trámite, mientras que todo el proceso posterior se sigue gestionando manualmente, a menudo sin conexión con los sistemas internos de las oficinas públicas.
Las causas del fracaso, según la Oficina, son múltiples: una gestión deficiente de los proyectos, la escasez de expertos en tecnologías de la información dentro de la administración, la falta de datos completos o la complejidad de los flujos de información entre organismos. Todo ello arroja para los auditores un panorama desalentador: proyectos con resultados pobres que no alcanzan sus objetivos, una carga administrativa que apenas se reduce para los ciudadanos y una mejora casi inexistente en el funcionamiento de las distintas administraciones públicas.
A la postre, la reciente enmienda legal que amplió de cinco a siete años el plazo para cumplir con ese objetivo de digitalización total es, para la OSA, la confirmación implícita de dicho estancamiento.
