Prostestas contra los crímenes del comunismo
Representantes de la Confederación de Presos Políticos y de la municipalidad de Jihlava, Moravia del Sur, rindieron homenaje a las víctimas de los procesos políticos que tuvieron lugar en los años cincuenta en la Checoslovaquia comunista de entonces.
"El problema es que los comunistas no han sido castigados por sus crímenes, no se han retirado de la vida pública y sus dirigentes manifiestan nuevamente la intención de conquistar el poder en el Estado," resaltó en los actos conmemorativos realizados el pasado fin de semana en Jihlava el presidente de la Comisión de Documentación de la Confederación de Presos Políticos, Otto Stehlík.
El acto tuvo lugar en el Memorial consagrado a los once ciudadanos de la región de Jihlava que murieron en el patíbulo de la cárcel local en 1950 y 1951 en el marco del denominado "proceso de Babice".
"El amor a la patria, el rechazo a la esclavitud y el anhelo por la libertad - éstos fueron sus únicos crímenes," subrayó el preso político Otto Stehlík, agregando que sin la solución consecuente del nefasto legado de los cuarenta años de decadencia moral y económica la sociedad checa no tiene perspectivas de pronto saneamiento. "Ni siquiera diez años después de los cambios políticos iniciados en noviembre de 1989 se han cumplido nuestras expectativas, aunque la Oficina para la Investigación de los Crímenes del Comunismo había presentado una serie de recursos judiciales."
Con excepción de algunos casos esporádicos, la mayoría de los crímenes del comunismo permanece sin castigo, reiteró Stehlík. Al mismo tiempo, mencionó el caso del antiguo juez Pavel Vítek quien participó en el proceso de Babice firmando siete penas capitales.
De pretexto para la instrucción del proceso de Babice se utilizó el asesinato de tres funcionarios comunistas de la municipalidad local, que en julio de 1951 probablemente cometió la policía secreta con el fin de romper la actitud negativa de los agricultores de Babice frente a la colectivización violenta. Sin que el caso fuera investigado lo suficiente, el tribunal condenó durante una sola semana a 14 campesinos, de ellos siete a la pena capital, dos a cadena perpetua y los demás a veinte años de prisión. Decenas de personas perdieron sus bienes y fueron expulsadas de sus hogares.
