El Tribunal de Estrasburgo juzgará la República Checa por los 'alquileres regulados'

La República Checa será juzgada ante el Tribunal Internacional de Estrasburgo debido a los alquileres regulados por el Estado. En caso de que pierda el proceso, este país se vería obligado a pagar una indemnización de hasta cinco mil millones de euros.

Más de cuatro mil dueños de viviendas del país acusan a la República Checa de perder sus ganancias, debido al alquiler regulado por el Estado. Se trata de un mecanismo heredado de la época comunista checoslovaca que mantiene el precio de alquiler a un nivel reducido y que no alcanza, ni mucho menos, el precio de las viviendas en el mercado libre. Los dueños de las viviendas no han llegado a un consenso con el Gobierno en cuanto a una compensación extrajudicial y el caso lo decidirá el Tribunal de Estrasburgo.

Los demandantes requerirán en primera fase una indemnización moral de 10 mil euros por persona. Y posteriormente una compensación de aproximadamente cinco mil millones de euros por las ganancias perdidas. El Estado rechazó un ajuste extrajudicial de aproximadamente dos mil millones de euros, propuesto por el jefe de la Asociación de los dueños de viviendas, Tomislav Simecek.

Jirí Cunek

"No queremos recibir del Estado ni de los ciudadanos ningunas limosnas. Por ello, propusimos al Gobierno que somos capaces de recibir gran parte de la indemnización en obligaciones del Estado, pagaderas por ejemplo dentro de diez años, pero con tasas de interés aceptables".

Por su parte, el ministro del Desarrollo Local, Jirí Cunek, objetó que no es posible llegar a una compensación extrajudicial, ya que se trata de miles de acusaciones y es prácticamente imposible gestionar cada una individualmente. En la actualidad, el Ministerio está preparando una enmienda a la ley que debería igualar las condiciones de alquiler en el mercado checo, según dijo el jefe de dicha Cartera.

"La verdad es que el alquiler regulado por el Estado es tan bajo que no cubre ni siquiera los costes del mantenimiento y reparaciones de la casa, o sea que es imprescindible renovar el código civil para introducir relaciones de igualdad de derechos", señaló Jirí Cunek.

La nueva enmienda a la ley supone que en caso de que el inquilino no llegue a un consenso con el dueño de la vivienda en cuanto al precio de alquiler, tendrá que desalojar el piso como muy tarde dentro de dos años.