El Gobierno aprueba proyecto de ley para perseguir a quienes tienen bienes adquiridos ilegalmente

El gobierno de coalición ha aprobado un proyecto de ley que pretende servir como un instrumento crucial en la reducción de la evasión fiscal. El plan pretende dar a los administradores tributarios el derecho a preguntar sobre el origen de la propiedad en relación con la declaración de la renta y nivelar un alto impuesto a los activos adquiridos ilegalmente.

Foto ilustrativa: Kristýna Maková

Después de un año y medio de deliberaciones, los tres partidos de la coalición gobernante (los socialdemócratas, ANO y la Democracia Cristiana) han llegado a un consenso sobre un proyecto de ley que daría a la Administración Tributaria el derecho a analizar los activos en relación con las declaraciones de impuestos y preguntar sobre el origen de los bienes en caso de sospecha de mala praxis. Según la propuesta de la Delegación de Hacienda, sus inspectores tendrían derecho a preguntar sobre el origen de la propiedad no registrada por un valor superior a 255.000 euros, y, si no éstos no están satisfechos con la explicación dada, imponer un impuesto sobre el defraudador de entre el 15% y el 40% del valor del bien.

El proyecto de ley propuesto también pretende instigar una enmienda al código penal por la que presentar una declaración falsa a la oficina de impuestos sobre el origen de la propiedad no registrada pueda ser castigado con hasta tres años de prisión y una fuerte multa.

El cambio legal propuesto era parte del acuerdo de coalición del gobierno y la principal razón de la demora en la presentación del proyecto de ley a la Cámara Baja fue un prolongado debate sobre el techo de la propiedad no registrada que permitiría el recaudador de impuestos "entrometerse" en las finanzas de las personas. La propuesta original, en 2014, oscilaba en los 730.000 euros, al proponer el proyecto de ley, el Ministerio de Finanzas sugirió rebajar la cantidad hasta los 365.000 euros y finalmente se ha establecido que sean 255.000 euros no registrados la suma para que Hacienda empiece a indagar.

Miroslav Kalousek, foto: Filip Jandourek

La propuesta ha suscitado la protesta de los partidos de la oposición de derechas que argumentan que es inaceptable, porque califica a la gente rica de ladrones potenciales. Para el vicepresidente de TOP 09, Miroslav Kalousek, es al Estado a quien debería corresponder descubrir el fraude fiscal y no a los individuos tener que demostrar que adquirieron su propiedad legalmente. Sin embargo, las encuestas de opinión sugieren que la población está muy a favor de esa medida. De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por TNS Aisa, cuatro quintas partes de los checos darían la bienvenida a la aprobación del proyecto de ley.

De ser aprobada, la ley entraría en vigor a partir de enero de 2016, y sería retroactiva por un período de tres años. Una legislación similar está en marcha en Dinamarca, Alemania, Hungría y España.