Ley de trasplantes

En la República Checa empieza la batalla legislativa en torno a la ley de trasplantes.

Todo ciudadano checo puede convertirse después de muerto en donante de órganos en caso de que en vida no haya expresado oficialmente su desacuerdo con la donación. Y es que la nueva ley de trasplantes, elaborada por el Ministerio de Salud, estipula el principio del supuesto consenso con la retirada de órganos para trasplantes.

Hasta el momento, a la problemática de los trasplantes se referían solamente unos párrafos,ocultos en la obsoleta Ley sobre los cuidados a la salud del pueblo, de 1966. La norma jurídica elaborada todavía en los tiempos del régimen totalitario cuando el Estado se arrogaba el derecho de decidir por los ciudadanos, contaba también con el supuesto acuerdo con la donación.

En el mundo se aplica también la variante opuesta: en donante se convierte solamente aquella persona que en vida haya manifestado expresamente su consentimiento con la donación. Los partidarios de esta solución afirman que es más pura desde el punto de vista ético. El ser humano debe tener el derecho de decidir sobre el destino de su propio cuerpo, argumentan.

El Ministerio de Salud así como destacados especialistas en trasplantes alegan que cambiar las reglas y retirar órganos solamente a personas que hayan expresado en vida oficialmente su consenso, podría paralizar todo el programa nacional de trasplantes.

En caso de exigirse el consenso expreso manifestado en vida por el donante, los médicos perderían la posibilidad de utilizar los órganos de la llamada mayoría silenciosa,o sea de aquellas personas a quiénes es indiferente qué pasará con su cuerpo tras haber fallecido.

La Asociación cívica para la protección del paciente insiste en que la nueva ley de trasplantes es francamente mala. Sus representantes opinan que los centros médicos deben ponerse en contacto con los familiares del donante. Y de existir dudas sobre el deseo del difunto, los médicos deben obtener al respecto el testimonio de sus familiares.

La Asociación cívica ha preparado su propia versión de la Ley de trasplantes que estipula el consentimiento previo del donante. Exige también que el Estado garantice un control independiente de las donaciones de órganos.

La Asociación considera deficientes las proposiciones de la nueva ley relativas a la definición del momento de la muerte y a la organización de la retirada de los órganos que no excluye la posibilidad de operaciones ilícitas. El tráfico ilegal de órganos humanos es un peligro real.

Los especialistas rechazan las objeciones de la Asociación cívica para la protección del paciente y se oponen rotundamente a la participación de los familiares en las decisiones sobre la retirada de órganos. Admiten que los familiares deben estar informados, pero reiteran que el consentimiento de la familia no es necesario. Los especialistas alegan que en los trasplantes es decisivo el factor tiempo y antes de obtener el consenso de la respectiva familia ya podría ser tarde.