Hecha la ley… Chequia pierde millones de euros por un recurso fiscal usado por las multinacionales
Con el mecanismo fiscal de los “precios de transferencia”, las multinacionales reducen considerablemente la recaudación fiscal en países como República Checa. Mientras el gobierno endurece el control, expertos alertan de que la UE sigue sin una regulación homogénea para frenar estas prácticas.
La República Checa se encuentra entre los países de la Unión Europea que todavía afrontan con mayor dificultad el control de millones de euros que cada año se trasladan al extranjero mediante los denominados “precios de transferencia”. Un mecanismo legal pero complejo que, mal aplicado, puede erosionar significativamente la recaudación fiscal de los Estados.
Así, según estimaciones de expertos y datos de la Administración Financiera checa, este fenómeno moviliza anualmente entre 30 y 40 millones de euros en ajustes fiscales, aunque el impacto real sobre las arcas públicas podría ser aún mayor si se tiene en cuenta el volumen total de beneficios trasladados fuera del país.
Los precios de transferencia son los importes a los que las empresas pertenecientes a un mismo grupo multinacional intercambian bienes, servicios o activos entre sí. Es el caso, por ejemplo, de una filial en la República Checa que fabrica productos y los vende a su empresa matriz en Alemania, esto es, al que se realizan estas operaciones dentro de un mismo grupo empresarial.
El problema, sin embargo, surge cuando estos precios no se fijan según el principio de plena competencia, es decir, como si las empresas fueran independientes. Si una empresa fija precios artificialmente bajos al vender a su matriz en el extranjero, reduce sus beneficios en el país de origen y, por tanto, paga menos impuestos allí. En cambio, los beneficios se trasladan a jurisdicciones con menor presión, en una práctica conocida como optimización fiscal.
El uso de estos precios de transferencia es especialmente relevante en un contexto donde la mayoría de grandes compañías operan como grupos multinacionales interconectados en los que se producen múltiples transacciones: venta de bienes, prestación de servicios, licencias de software, intereses de préstamos... Pero el fenómeno no se limita a operaciones internacionales, sino que también puede darse dentro de un mismo país, entre empresas vinculadas, lo que ha llevado a las autoridades fiscales a intensificar las inspecciones incluso en transacciones domésticas.
En 2023, la Administración Financiera realizó 570 inspecciones en este ámbito, lo que permitió incrementar la base imponible de las empresas inspeccionadas en 232 millones de euros y reducir pérdidas fiscales en 48 millones de euros. El resultado fue una recaudación adicional de 29 millones de euros.
En este sentido, Chequia destaca dentro de la UE por no exigir todavía, de forma generalizada, la documentación obligatoria sobre precios de transferencia. Una situación que, según expertos, carece de justificación en comparación con otros países del entorno como Alemania, donde las empresas deben presentar documentación si superan ciertos umbrales de transacciones.
Es precisamente por eso que el nuevo gobierno plantea introducir medidas más estrictas para controlar este fenómeno y dificultar así las prácticas de manipulación de precios, de modo tal de asegurar que las transacciones se ajusten al mercado real. Entre ellas, destaca, por ejemplo, la obligación de que los grupos multinacionales presenten documentación previa que justifique cómo fijan sus precios de transferencia.
