Declaraciones de patrimonio: el Gobierno vuelve a la carga

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El Gobierno checo vuelve a presentar ante la Cámara el borrador de ley sobre las declaraciones de patrimonio.Dicho borrador estipula que la obligación de entregar la respectiva declaración recaería en las personas con un patrimonio superior a los 10 millones de coronas, equivalentes a 250 mil dólares.

Los dos anteriores intentos del Gobierno de introducir las declaraciones de patrimonio fueron rechazados por la oposición. Pasados dos años, el Ministerio de Finanzas vuelve a presentar un nuevo borrador con el que tratará de cumplir una de las promesas preelectorales de la oficialista socialdemocracia:la de obligar a las personas adineradas a declarar su patrimonio.

Según el proyecto gubernamental, las declaraciones de patrimonio serían comparadas con las de impuestos. El Gobierno supone que así el Estado podría detectar mejor el lavado del dinero y los casos de evasión fiscal.El ministro de Finanzas, Jirí Rusnok, lo explica de la siguiente manera:

"El borrador quiere proporcionar a las agencias tributarias la posibilidad de controlar las declaraciones de impuestos en relación con el patrimonio adquirido realmente por las personas físicas. Es una medida encaminada a prevenir evasiones fiscales de gran envergadura que atañerá tan sólo a las personas con un patrimonio superior a los 10 millones de coronas, y en el caso de una pareja, a los 20 millones de coronas. El 90 por ciento de los ciudadanos no se verán obligados a entregar esta declaración. La medida se refiere al estrato social con mayores recursos," dijo Jirí Rusnok.

Según un funcionario del Ministerio de Finanzas, la obligación de declararar el patrimonio recaería en decenas de miles de personas. Eso en caso de que el Gobierno no vuelva a fracasar en la Cámara, algo que es muy probable según los analistas.Los diputados de los opositores Partido Cívico Democrático y de la Unión de la Libertad están decididos a volver a rechazar el borrador gubernamental ya que lo consideran como una ingerencia en la privacidad de los ciudadanos.