Condenados en Suiza 6 empresarios checos por lavar más de mil millones de euros

La Justicia suiza ha declarado culpables a los seis antiguos miembros del equipo directivo de la compañía carbonera checa Mostecká Uhelná acusados de lavar en el país helvético un mínimo de 560 millones de euros. Las penas oscilan entre la simple multa y los cuatro años y medio de prisión.

Antonín Koláček, foto: ČTK

Se trató de una de las privatizaciones más turbias de la Chequia de los años 90. Como se ha probado en el juicio, un grupo de directivos de la empresa estatal Mostecká Uhelná, dedicada a la extracción de carbón, desvió fondos de la compañía a Suiza para lavarlos y poder utilizarlos después para la compra de la empresa al Estado.

En total se calcula que el dinero ilegal que fue blanqueado en la Federación Helvética podría superar los mil millones de euros. Ahora el Tribunal Federal de Bellinzone ha confirmado la culpabilidad de los acusados y ha establecido penas que van desde la mera multa en el caso del ciudadano belga Jacques de Groote a los cuatro años y cuatro meses de Antonín Koláček. Este último y Petr Kraus, condenado a un año y cuatro meses, fueros arrestados en el mismo Tribunal, una vez leída la sentencia.

Jacques de Groote, foto: ČTK

La prestancia suiza contrasta con el seguimiento del caso en la República Checa, donde el asunto de Mostecká Uhelná fue abierto y cerrado varias veces, sin que se consiguiera demostrar ninguna actividad criminal. De acuerdo con el ex presidente del Fondo Nacional de Propiedad, Roman Češka, esta impunidad de la que han gozado los acusados hasta el momento es fruto de la escasa voluntad política de las autoridades checas.

“La Justicia checa no actuó, porque sobre las actividades de los ejecutivos que han sido condenados ya advertimos nosotros en 1998. Y en diez años la Justicia checa no hizo absolutamente nada. He oído un comentario que los directivos estafaron al Estado checo, que el Estado no habría vendido Mostecká Uhelná si hubiera sabido que la empresa compradora la poseían los directivos en lugar de un inversor extranjero. Creo que es una exageración porque cuando se privatizó esta empresa estatal permaneció todo el personal directivo checo. Y ningún inversor extranjero permitiría algo así”.

Petr Kraus, foto: ČTK

Precisamente durante la investigación las autoridades suizas se toparon con otras actividades ilegales relacionadas con el caso, como sobornos a políticos, que también se abastecieron o redundaron en cuentas suizas. Se trata de cabos abiertos que en Chequia nadie parece dispuesto a seguir. La Fiscalía de Olomouc, que actualmente se encarga de la investigación del caso, ha declarado que los cargos que tratan de esclarecer son prácticamente los mismos que los dirimidos en Suiza: estafa y blanqueo de dinero, y que, por tanto, cuando el veredicto se haga firme, es muy probable que el caso quede cerrado.

Es muy posible que esto suceda en breve, ya que la resolución del Tribunal de Bellinzone solo se puede recurrir si se produce irregularidad procesal. Aún en ese caso las autoridades checas pueden verse obligadas a confiscar propiedades a los condenados, como explica el fiscal encargado del caso, Petr Šereda.

“En caso de una resolución que declare que se cometió un delito que produjo unos beneficios económicos, y se pruebe que la propiedad que poseen los acusados en la República Checa es resultado de esos beneficios, entonces es posible tratar de confiscarlos, incluso en el caso de que el proceso se haya cerrado en Chequia”.

Tribunal de Bellinzona, foto: ČTK

El Gobierno checo participó en el juicio como parte perjudicada, demandando 120 millones de euros como compensación por los daños ocasionados al erario público. La resolución definitiva en cuanto a la compensación al Estado checo llegará en diciembre.

De momento los condenados disponen, para pagar las multas y las posibles compensaciones, de unos 560 millones de euros mantenían en bancos suizos y que el Tribunal suizo ordenó congelar al comenzar el proceso.