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Las marcadas diferencias demográficas entre regiones están generando, en el ámbito del sistema educativo checo, escasez de plazas en algunas zonas y aulas vacías en otras.

Según advierte la organización EDUin, el país atraviesa una etapa de mínima natalidad histórica, lo que, combinado con la migración interna, está profundizando las desigualdades territoriales en el acceso a la educación.

En las grandes ciudades y sus alrededores la llegada de familias jóvenes ha provocado una falta de capacidad en guarderías y escuelas, mientras que en zonas rurales o estructuralmente más débiles ocurre lo contrario: disminuye el número de alumnos y mantener los centros resulta cada vez menos eficiente.

Para hacer frente a esta situación, expertos proponen medidas como la fusión de escuelas pequeñas o la creación de centros compartidos entre municipios. De hecho, una reforma legislativa prevé que las escuelas con menos de 180 alumnos deban fusionarse si no alcanzan ese mínimo en un plazo determinado.

A pocas semanas de las elecciones parlamentarias en Hungría, Orbán ha intensificado su actividad internacional con el objetivo de demostrar que no está aislado en Europa. En ese contexto, Budapest ha acogido encuentros políticos de alto nivel con aliados ideológicos, en los que también ha estado presente el entorno del gobierno checo.

Desde la perspectiva checa, el respaldo no es incondicional. El primer ministro Andrej Babiš y otros representantes del Ejecutivo han mostrado afinidad política con Orbán —especialmente a través de la plataforma europea “Patriotas por Europa”—, pero al mismo tiempo son conscientes de los riesgos internos que implica una asociación demasiado visible.

Uno de los factores clave es la opinión pública checa, tradicionalmente más crítica con Rusia y más proeuropea que la húngara. Esto obliga a Babiš a “pisar con cuidado”, evitando que el apoyo a Orbán —cuestionado por su cercanía con Moscú— se convierta en un problema político doméstico.

En este contexto, la implicación checa se mueve en un delicado equilibrio: por un lado, mantener alianzas dentro del bloque conservador europeo; por otro, evitar costes políticos internos en un país donde el electorado no necesariamente comparte la línea política de Budapest.

Al menos un sospechoso ha sido detenido por el ataque incendiario del pasado viernes en la nave industrial de LPP Holding en Pardubice, según confirmaron fuentes a Novinky.cz. La detención habría ocurrido en territorio eslovaco, ya que los perpetradores habrían huido tras el incendio. La presunta banda que se atribuye el ataque ha amenazado con publicar documentos confidenciales de LPP Holding si la empresa no rompe públicamente sus lazos con la compañía israelí Elbit Systems y no condena la ocupación de Palestina.

El incendio afectó tanto a un depósito como a un edificio administrativo de la empresa Archer-LPP, parte de LPP Holding, que produce drones. Los atacantes habrían irrumpido en el lugar usando un martillo y un hacha. La Policía investiga el suceso como un posible atentado terrorista y considera varias hipótesis, incluida la posibilidad de que el ataque haya sido una “operación bajo bandera falsa”, es decir, que la banda que se adjudica el acto sea en realidad un encubrimiento para otro grupo o incluso un actor estatal.

Investigadores en la República Checa realizaron un experimento pionero con resultados positivos: entregaron a 40 personas sin hogar unos 4100 euros durante un año, sin condiciones ni instrucciones adicionales. Otro grupo de 20 personas recibió apoyo directo de un trabajador social. La mayoría logró encontrar trabajo y vivienda, y quienes contaron con ayuda profesional además mejoraron su bienestar emocional. Nadie gastó todo el dinero de inmediato. El proyecto lleva el nombre de New Leaf Česko.

Los investigadores se inspiraron en un proyecto canadiense que mostró que dar dinero directamente a personas sin hogar reduce el tiempo en la calle y facilita el acceso a vivienda estable. La directora del proyecto, Melanie Zajacová, explicó que los participantes utilizaron principalmente el dinero para alimentación, ropa y alquiler, y no para gastos innecesarios. Los resultados completos, incluyendo el análisis económico, se esperan en septiembre de 2026.

Al inicio del proyecto, solo la mitad de los participantes tenía trabajo. Tras un año, el 80% de quienes recibieron dinero estaban empleados, con un ingreso promedio de 470 euros al mes. Entre los que recibieron asistencia social, el 60% consiguió empleo con un salario promedio de 625 euros al mes. Aunque sigue siendo inferior al salario promedio en Praga (2665 euros), los avances fueron significativos para personas que vivían en la calle.

Además, el apoyo profesional mejoró la estabilidad emocional y la calidad de vida. Los trabajadores sociales acompañaron a los participantes en su vida cotidiana, ofreciendo orientación y celebrando pequeños logros, sin actuar como terapeutas. Los investigadores planean ampliar el modelo a otras ciudades y reducir la burocracia, incluyendo herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los trabajadores sociales. El proyecto tuvo un costo total de unos 20.200 euros, incluyendo fondos del Fondo Social Europeo.