Instituciones estatales checas anulan contratos con empresas de Agrofert por conflicto de intereses
Desde el nombramiento de Andrej Babiš como primer ministro, las instituciones y organismos estatales checos tienen prohibido contratar a empresas del grupo Agrofert debido a un posible conflicto de intereses. Sin embargo, varias entidades públicas firmaron contratos con filiales del conglomerado, pese a que Babiš no ha podido transferir aún Agrofert a un fondo fiduciario, aunque ha seguido los pasos burocráticos para realizarlo.
Según una investigación del portal iROZHLAS.cz, la empresa estatal Lesy ČR, encargada de la gestión de los bosques públicos, tuvo que anular dos contratos con la compañía Agri CS, perteneciente a Agrofert. Uno de ellos correspondía a la sustitución de un sensor en un tractor por unos 2500 euros. Los acuerdos fueron firmados el mismo día del nombramiento de Babiš y fueron declarados legalmente inválidos.
Un caso similar se produjo en una organización dependiente del Ministerio de Defensa, concretamente en un centro recreativo de Volareza en Vyškov. Allí se firmó un contrato con la panificadora Penam, también parte de Agrofert, por unos 317.000 euros, destinado al suministro de alimentos para centros educativos y bases militares, aunque el concurso se había resuelto antes de la llegada de Babiš al Gobierno.
El Ministerio de Defensa sostiene que el contrato no puede anularse por tratarse del suministro de comida a menores y a personal militar en servicio continuo, pero ha anunciado que el acuerdo será vuelto a licitar para que un nuevo contrato pueda firmarse en febrero.
