Los inmuebles de propietarios ilocalizables complican la vida a los ayuntamientos

Más de 92.000 inmuebles de la República Checa tienen un propietario que no consigue ser localizado o identificado por las autoridades. Las casas y terrenos abandonados causan complicaciones a ayuntamientos y vecinos, que tendrán que esperar 10 años hasta que el Estado pueda confiscarlos.

Foto ilustrativa: archivo de Radio Praga

Exilios, deportaciones y cambios de régimen han provocado que a día de hoy haya en la República Checa hasta 92.000 inmuebles cuyo propietario no puede ser contactado o localizado, y del que ni siquiera se sabe si está vivo o muerto. Se trata sobre todo de campos o bosques, pero también, en 3.000 casos, de edificios enteros que, al hallarse en un limbo legal, perjudican a los ayuntamientos. Los municipios se quedan por un lado sin el impuesto de bienes inmuebles correspondiente, por el otro a menudo estos terrenos suponen un impedimento para proyectos de desarrollo o expansión.

Es el caso por ejemplo del pueblo de Brtnice, que desea establecer un polígono industrial pero se encuentra con que no hay nadie con quien negociar la compra de los terrenos, explica su alcalde Stanislav Jirků.

“Los dueños está repartidos por todo el planeta, y nosotros no tenemos ni funcionarios ni dinero para andar buscándolos por el mundo”. En otras ocasiones quienes salen perdiendo son individuos particulares, como ha sucedido en la aldea de Rounek u Jihlavy, donde una familia ha descubierto que el garaje de su casa no les pertenece, y por tanto no pueden venderlo, como comenta el alcalde, Petr Böhm.

Foto ilustrativa: Free Domain

“La señora compró el inmueble de unos alemanes que fueron expulsados tras la guerra, y vive aquí ya 40 años pensando que el garaje estaba incluido en la transacción y que por tanto le pertenece”.

El garaje está inscrito a nombre de un tal Konrad Weigner, pero nadie dispone de información acerca de su paradero, si ha fallecido o no, o quiénes son sus herederos en caso de que los haya.

Aunque existen despachos de abogados especializados en encontrar a estos propietarios perdidos, en la mayor parte de los casos las alcaldías tendrán que esperar a que pasen los 10 años establecidos por el nuevo Código Civil para que el Estado pueda confiscar los inmuebles abandonados y convertirlos en propiedad pública.