Causa Bitcoin: “El Estado se lleva dinero de delincuentes a diario”
Eva Decroix será la nueva ministra de Justicia después de que una sospechosa donación en bitcoins de dudosa procedencia provocara la caída del influyente Pavel Blažek y pusiera al Gobierno de Fiala en jaque. El propio presidente de la República Checa se pregunta el alcance del daño de este extraño capítulo en pleno año electoral.
El presidente de la República Checa, Petr Pavel, intervino este martes ante la Cámara Baja del Parlamento tras el terremoto causado por la donación de 40 millones de euros en bitcoins al Ministerio de Justicia por un traficante de drogas convicto, que a cambio habría conservado el total de sus inversiones en criptomoneda conseguidas de forma, al menos, sospechosa.
El mandatario alertó del daño a la imagen del país y sus instituciones.
“Este caso tiene un potencial dañino realmente extraordinario. Es un gran problema. No solo puede desacreditar las instituciones del Estado ante los ojos de la ciudadanía, sino también la confianza en la justicia en general. Pero además tiene potencial para perjudicarnos también en el extranjero”.
El primer ministro, Petr Fiala, eligió a una persona de confianza de su misma formación, el Partido Cívico Democrático (ODS), al igual que el ministro de Justicia saliente, Pavel Blažek, para reemplazarlo tras su dimisión.
Según Fiala, la abogada Eva Decroix “es la mejor opción posible para aclarar todo el contexto relacionado con la donación de bitcoins al Estado", dijo. Decroix es considerada un peso pesado dentro del partido, “la primera dama del ODS”, la llaman algunos. Si no hubiera sido por esta causa, que ha estallado a solo cuatro meses de las elecciones parlamentarias, analistas creen que habría ocupado en breve alguna otra posición de relevancia en el partido.
Precisamente su perfil tan partidista y su fama de política ambiciosa es lo que no convence a la oposición sobre su nombramiento, que se producirá el 10 de junio. Lejos de ser la mejor opción posible, como decía Fiala, sospechan de sus intenciones políticos como Jakub Michálek, del Partido Pirata, que comenzó la legislatura dentro de la coalición de Gobierno y ahora es uno de los partidos de la oposición.
“No estamos de acuerdo con el nombramiento de Eva Decroix, ya que está vinculada a algún tipo de lobby con el grupo PPF. Nos hubiera gustado que un experto independiente, no partidista, obtuviera el cargo, y que el gobierno completase su mandato hasta las elecciones y que sean los votantes quienes decidan si desean que continúe esta corrupción”.
El líder de la oposición y de las encuestas, Andrej Babiš, valoró la situación en un tono bien distinto y volvió a insistir en pedir la dimisión del Gobierno en bloque.
“Blažek, Stanjura y Fiala son la Liga de Campeones de la corrupción. Esto no había sucedido antes. El ODS ha causado tanto daño económico a nuestro país y a nuestros ciudadanos que esta asociación mafiosa debería haber sido prohibida hace mucho tiempo. Este gobierno debería irse de inmediato, de inmediato”.
La opción de una dimisión del Gobierno y adelantar unas elecciones que, de una u otra forma, se van a producir dentro de cuatro meses a más tardar, no es bienvenida por el propio presidente Pavel, que ante la cercanía de la cita electoral, no ve sentido en complicar aún más el calendario.
¿Un problema legal, político o ético?
Mientras se conocen más datos del caso, como que el ministro de Finanzas Stanjura debía conocer desde enero las intenciones de Blažek, pero no le recomendó no aceptar la donación hasta después de que esta se produjera en marzo, o que la Policía devolvió intactos ocho dispositivos confiscados al criminal convicto Tomáš Jiřikovský con un total de 500 millones de euros en bitcoins, el debate está servido.
Existe la sospecha entre la opinión pública de soborno a un alto cargo, pero eso es algo que tendrá que demostrar la investigación y la justicia, según Petr Dimun, redactor del servidor Info.cz, entrevistado por la Radio Checa.
“Desde luego, el caso es problemático según la Policía o las fuerzas del orden, que sospechan de una legalización de capital proveniente de actividades delictivas. Pero los abogados y expertos en este tema con quienes hablé no ven ningún problema legal, aunque dicen que serán las fuerzas del orden quienes lo tienen que evaluar”.
Dimun argumenta que, en un principio, no es nada novedoso financiar el Estado con dinero proveniente de actividades ilegales.
“El Estado se lleva dinero de delincuentes a diario. Lo hace confiscando propiedades, con multas, etc. No se fija en su procedencia, no hace distinciones. Aunque reconozcamos que, hasta cierto punto, recibirlo como donación sí es algo distinto. Pero desde la perspectiva de la justicia, el donante cumplió su condena y el Estado tenía la opción de recibir cero o 40 millones de euros; esa es la realidad. Si lo vemos de forma estrictamente purista, no veo ningún problema en que el Estado acepte dinero procedente de actividades criminales porque lo hace a diario”.
Martin Čaban, comentarista del servidor Seznam Zprávy, coincide en parte con lo expresado por Dimun, solo que para él no se trata de una cuestión legal, sino política y ética.
“No considero que el argumento legal sea clave en el debate. Creo que carecemos de la información necesaria para emitir juicios jurídicos fundamentales. Para mí, este caso tiene principalmente una dimensión política y ética. Ya podemos emitir algunos juicios al respecto, porque resulta que el origen de los bitcoins, aunque no se haya demostrado que provengan de actividades delictivas, es muy incierto. Así que políticamente es lamentable esa cercanía del Ministerio de Justicia con una persona que ha cumplido una condena y que además se encuentre cerca de dinero vinculado al comercio ilegal en Internet. Para mí es un problema político que tenía que tener consecuencias”.
