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El porcentaje de personas de entre 20 y 65 años con discapacidad o limitaciones a largo plazo que cuentan con un empleo ha aumentado en Chequia. En 2018 trabajaba el 41% de este grupo, mientras que el año pasado la cifra llegó al 50%, según informó la agencia de prensa ČTK, citando datos del Oficina Checa de Estadística (ČSÚ).

Nueve de cada diez empleados con discapacidad encontraron trabajo en el mercado laboral abierto, aunque uno de cada seis denunció haber sufrido discriminación. En total, el año pasado más de 1,3 millones de personas mayores de 15 años en Chequia presentaban alguna discapacidad o limitación prolongada.

Bomberos checos regresaron a su país este fin de semana después de colaborar en la lucha contra los incendios forestales en Albania, informó la agencia de prensa ČTK. Durante su misión, que comenzó el 10 de agosto, un helicóptero de extinción checo realizó 197 descargas de agua sobre las llamas.

Actualmente, tres bomberos checos continúan en Montenegro para ayudar con los incendios en el sur del país. Este año, Chequia ha enviado personal a Grecia, Bulgaria, Macedonia del Norte, Francia y Estados Unidos, sumando un total de 74 especialistas desplegados.

La Fiscalía Superior de Olomouc solicitó al Tribunal Municipal de Brno que Tomáš Jiřikovský, acusado de blanqueo de capitales, sea enviado a prisión preventiva, informó la Radio Checa. Los fiscales alegan riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación y de reincidencia. Jiřikovský fue detenido el jueves en su domicilio de Břeclav y posteriormente acusado de dos delitos de legalización de ganancias ilícitas relacionados con operaciones en 2015 y 2025, en las que habría ocultado el origen de bitcoines procedentes de actividades criminales.

Jiřikovský ya había sido procesado con anterioridad por su implicación en el funcionamiento de un mercado ilegal en la red oscura, del que la policía le incautó una cartera de bitcoines. En la actual investigación se le atribuye, además, haber donado al Ministerio de Justicia 468 bitcoines, lo que originó una amplia polémica y abrió interrogantes sobre el origen real de los fondos.

El caso está vinculado con la polémica donación de 468 bitcoines al Ministerio de Justicia durante el mandato del exministro Pavel Blažek (ODS), que finalmente derivó en su dimisión en junio. Una parte de esos criptoactivos ya fue subastada, generando ingresos cercanos a 17,7 millones de euros, mientras que el resto permanece bajo custodia estatal. La actual ministra Eva Decroix ordenó una auditoría que advirtió que el donativo nunca debió aceptarse, ya que existían sospechas fundadas de que podía provenir de actividades delictivas.

Ucrania añadió recientemente a la empresa con sede en Praga Voice of Europe a su lista de sanciones, después de que la inteligencia checa (BIS) revelara que esta compañía operaba un portal de desinformación y trataba de influir en las elecciones europeas en favor de Rusia. La firma está registrada a nombre de un ciudadano polaco, pero detrás se encuentran los empresarios ucranianos Víktor Medvedčuk y Arťom Marčevskij, ambos vinculados al Kremlin, reporta la Radio Checa. Con esta decisión, ya son seis los sujetos checos incluidos en el listado ucraniano: cuatro empresas y dos personas.

Entre las compañías afectadas figuran también Avrora Capital, Navitel y una filial de la rusa UMATEX Group. Además, desde años anteriores permanecen en la lista el exdiputado del SPD Jaroslav Holík, por su viaje a Crimea en 2017, y Roman Blaško, secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, sancionado en 2023 por su participación como observador en referendos organizados por Rusia en el este de Ucrania. Las sanciones implican restricciones de viaje, congelación de activos y un considerable impacto en la reputación de los afectados.