El Consejo de Helsinki pide a Chequia que compense a las mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza
Decenas de mujeres, quizás cientos, fueron esterilizadas en Chequia a la fuerza entre 1972 y 1991, la mayor parte de ellas, gitanas. El Consejo de Helsinki en la República Checa pide ahora una compensación de 9.300 euros para las afectadas. El Gobierno prefiere sin embargo que se resuelva el tema a través del nuevo Código Civil.
Se trató de una medida de higiene social que raya con el genocidio. Entre enero de 1972 y mayo de 1991, las autoridades sanitarias del régimen comunista primero y de la incipiente democracia después, ordenaron esterilizar a toda una serie de mujeres de escasos recursos, la mayor parte de ellas de etnia gitana. Mediante engaños, amenazas y una compensación económica, consiguieron que firmaran la autorización para ser intervenidas.
Ahora la delegación checa del Consejo de Helsinki, un organismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos, ha presentado ante el Ministerio de Justicia una propuesta de ley para compensar a las mujeres esterilizadas con 9.300 euros.
La indemnización beneficiaría a un número relativamente reducido de afectadas, ya que la mayoría ha preferido mantenerse en silencio, según comenta la abogada del Consejo de Helsinki Michaela Tejnorová.
El caso de la esterilización de mujeres gitanas en Chequia salió a la luz pública en 2004, gracias a una queja del Centro Europeo para los Derechos de los Gitanos. A partir de entonces decenas de mujeres denunciaron su situación ante el Defensor del Pueblo, y algunas recurrieron a los Tribunales. Desde 2006 existe una comisión gubernamental encargada de decidir la cuantía de las indemnizaciones, y en 2009 el gobierno de Jan Fischer expresó públicamente sus disculpas.
Pero más allá de buenas intenciones, el Estado no ha desembolsado ni una corona. Desde hace año y medio en la mesa del ministro de Justicia hay una propuesta de indemnización que cuenta con compensaciones de entre 11.000 y 15.000 euros según las consecuencias que tuvo la intervención para su salud o la medida en que se violaron las leyes vigentes. Sin embargo la idea nunca salió del papel.
Ahora el Ministerio de Justicia considera que el nuevo Código Civil que ha estrenado la República Checa este año recoge y describe las intervenciones forzosas, por lo que las afectadas pueden tramitar sus quejas a través de los canales judiciales ordinarios. No se cuenta por tanto con la elaboración de ninguna ley específica.
Por otro lado se sospecha que las esterilizaciones pudieron seguir de forma ilegal, sin dejar rastro documental, más allá de 1991. Las víctimas en este caso se verían sin compensación, al sobrepasarse el plazo de tres años para denunciar la intervención.
