Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia alerta sobre segregación escolar a niños romaníes y el odio en aulas checas
En su último informe de seguimiento, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) reconoció los esfuerzos legislativos de la República Checa para combatir los delitos de odio, pero advirtió que el país aún enfrenta graves deficiencias estructurales en materia de derechos humanos.
El organismo del Consejo de Europa valoró positivamente las medidas adoptadas por Praga en los últimos años. Entre los hitos destacados se encuentran la creación en 2022 del cargo de Comisionado del Gobierno para los Asuntos de la Minoría Romaní y la reforma del Código Penal para incluir la orientación sexual como motivo de sesgo en los delitos de odio. Asimismo, el informe aplaude la formación impartida a las fuerzas de seguridad, que ya cuentan con 300 oficiales de enlace para minorías, y la designación de fiscales especialistas en delitos de odio en cada oficina judicial. La ECRI también elogió la firme postura del presidente de la República al condenar públicamente los brotes de intolerancia.
Sin embargo, el informe enciende las alarmas sobre la situación en las aulas. Según los datos recogidos, en 2022 el 15% de los alumnos romaníes seguían siendo enviados a centros de educación especial, práctica que continúa aislando a esa minoría en escuelas con una concentración desproporcionada de alumnos romaníes.
Por otra parte, la ECRI denunció la alarmante frecuencia del discurso de odio y el acoso escolar hacia estudiantes LGBTI y romaníes, señalando que los ataques no solo provienen de otros alumnos, sino a menudo también de profesores y padres. El organismo advirtió que esta hostilidad en el entorno digital y en las campañas electorales se ha extendido recientemente hacia la comunidad judía y los refugiados ucranianos.
Para corregir esta situación, la comisión exige al Gobierno checo el diseño de estrategias escolares urgentes contra el acoso y la contratación inmediata de más asistentes educativos romaníes.
El informe concluye instando a las autoridades a revisar los exámenes psicológicos que relegan a los niños romaníes a la educación especial, adoptar la postergada estrategia nacional LGBTI, regular la atención médica a menores intersexuales y garantizar una compensación efectiva para las mujeres romaníes que sufrieron esterilizaciones forzosas.
