Chequia protegerá mejor a los delatores de delitos de corrupción

Foto: Barbora Kmentová

El Gobierno checo ha aprobado una propuesta legislativa que ofrecerá protección especial a los delatores de delitos de corrupción, los llamados whistleblowers. Estos tendrán una protección especial si su empleador decide despedirlos en venganza por la denuncia.

Foto: Barbora Kmentová
La República Checa ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción. El Gobierno ha aprobado la propuesta del ministro para Legislación, Jiří Dienstbier, para ofrecer una mejor protección a los empleados que denuncien delitos de corrupción en el seno de su empresa.

No se trata de una ley concreta, sino de cambios en normas ya existentes, como la Ley de Servicio Civil o el Código Laboral. Todo aquel que sospeche de prácticas ilegales o delictivas en su puesto de trabajo y decida denunciarlo ya no podrá ser sancionado, y además tendrá una mejor posición en caso de que se llegue a juicio por acoso laboral o despido improcedente. El empleador tendrá que demostrar en esos casos su inocencia.

De ser aprobada la medida por el Parlamento, se beneficiarán sobre todo los empleados del sector privado, comenta el senador Libor Michálek.

“Hoy en día la situación es mejor para los funcionarios del Estado, ya que la Ley de Servicio Civil ya no permite el despido sin causa justificada, así que en estos casos no debería haber miedo de denunciar. Por lo que respecta al empleado clásico, este debe valorar si denunciar o llevarlo en su conciencia”.

Libor Michálek,  foto: Martin Vlček / Buró del Senado
Durante meses el Gobierno discutió si dar el visto bueno a la propuesta de Dienstbier o a la del ministro de Finanzas, Andrej Babiš. Esta contaba con la creación de una ley especial para whistleblowers con especificaciones para cada tipo de delito, como evasión fiscal o falsedad documental.

Libor Michálek considera más apropiada una visión menos estrecha del papel del delator, tal como refleja la propuesta final.

“Los estándares internacionales recomiendan que la protección no se dé solo en caso de delitos penales, sino también cuando se llega a un delito administrativo o a cualquier actitud improcedente que pueda tener consecuencias serias”.

En las críticas que los dos ministros intercambiaron cuando se debatía que modelo aprobar, Dienstbier argumentó que el proyecto de Babiš, con una ley propia, privilegiaba a los delatores por encima de otros trabajadores en situación de indefensión, lo que habría supuesto una discriminación.

Babiš por su parte continúa sosteniendo que los cambios normativos de Dienstbier serán poco efectivos, puesto que la protección no se ofrece hasta que el empleado y el empleador van a juicio, y además no se resuelve el perjuicio económico que todo el proceso puede causar al whistleblower, ya que no se establece ninguna recompensa.

La protección de los denunciantes de delitos de corrupción es bastante diversa en la Unión Europea. En Chequia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania no existe de momento ninguna figura legislativa especial a este respecto. Según un estudio de Transparencia Internacional sobre estos países, de los 40 casos de delación estudiados, en 39 de ellos el empleador se vengó de su trabajador desleal.